El periódico El Norte ha llevado a cabo una investigación que revela la presunta implicación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en una serie de transacciones financieras que superan los 200 millones de pesos. Según el reportaje, la empresa Suministros MYR, beneficiaria de importantes contratos estatales, habría transferido una parte considerable de sus ingresos a una empresa relacionada con el gobernador y su familia. Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la transparencia en el proceso de contratación y el manejo de los recursos públicos.
La investigación detalla que Suministros MYR ha recibido contratos por casi 1.000 millones de pesos para proporcionar servicios de alimentación a diversas dependencias estatales. Sin embargo, una porción significativa de estos ingresos habría sido desviada hacia Productos Mexicanos JACE, empresa vinculada al gobernador, que posteriormente canalizó fondos a un despacho jurídico fundado por la familia García.
Estas revelaciones generan preocupación y plantean interrogantes sobre la integridad del proceso de contratación y el uso adecuado de los recursos del Estado. Vale la pena señalar que estas acusaciones se suman a otras controversias en las que ha estado envuelto el gobernador, como la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta triangulación de recursos durante su campaña electoral. Este último incidente ha avivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública estatal.
Cabe destacar que durante el evento Nuevo León Informa celebrado este miércoles, el gobernador negó las acusaciones, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a una campaña negra previa a los próximos comicios electorales.
