Proponen en España más impuestos a extranjeros que busquen vivienda

El Gobierno de España está implementando un ambicioso plan para abordar la creciente crisis de vivienda en el país, que incluye medidas como un impuesto de hasta el 100 por ciento sobre las propiedades adquiridas por personas que no sean ciudadanos ni residentes de la Unión Europea. Este anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien explicó que el objetivo es proporcionar “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas” en un contexto de alquileres elevados y precios de viviendas que continúan aumentando, especialmente en ciudades como Barcelona y Madrid.

Una de las razones detrás de estas medidas es la presión ejercida por el turismo masivo en el mercado de la vivienda. Con más de 88.5 millones de turistas visitando España en 2024, el mercado inmobiliario se ha visto saturado, especialmente en áreas costeras, con un aumento de las rentas a corto plazo en plataformas como Airbnb. En respuesta, algunas ciudades como Barcelona han comenzado a eliminar gradualmente los alquileres turísticos, pero la crisis continúa afectando a los residentes locales, especialmente a los jóvenes, que luchan por encontrar viviendas asequibles.

El plan del gobierno también contempla la construcción de viviendas públicas y la asignación de terrenos residenciales a una agencia de vivienda pública. Además, se propone un incremento de impuestos sobre los alquileres vacacionales y se ofrecerán incentivos fiscales y protecciones a propietarios que ofrezcan viviendas asequibles. Aunque las autoridades españolas no han especificado cómo se implementarán estos cambios ni el cronograma exacto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destacó que la ciudadanía espera “acción y determinación”.

El impuesto sobre las propiedades extranjeras, que podría afectar principalmente a compradores de lujo de fuera de la UE, es una de las medidas más controvertidas. Agentes inmobiliarios como Sarah Conroy, que trabajan en el mercado de lujo, advierten que esta medida podría tener un impacto negativo en la economía, pues los compradores extranjeros también impulsan el mercado de la construcción y crean empleo. Sin embargo, la propuesta es vista por algunos como una acción política necesaria para hacer frente a la crisis de la vivienda.

A pesar de las críticas, el presidente Sánchez ha subrayado que resolver la crisis habitacional es fundamental para evitar una mayor división social entre propietarios y arrendatarios, y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, tal como estipula la Constitución española. Sin embargo, queda por ver si el plan será aprobado por el Parlamento y si realmente logrará equilibrar las demandas de los residentes locales y los intereses del sector inmobiliario.