UIF bloquea cuentas de exsecretario de Economía de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya y empresario de los sectores restaurantero y turístico en Sinaloa. El exfuncionario, conocido como “El Pity Velarde”, dejó el cargo en octubre de 2025, después de que un establecimiento del que es copropietario en Mazatlán quedó relacionado con la desaparición de un joven.

Velarde también ocupó anteriormente la Subsecretaría de Turismo y fungió como encargado del despacho de esa dependencia. En noviembre de 2024 asumió la Secretaría de Economía, puesto que mantuvo hasta su renuncia casi un año después. Tras conocer su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF, promovió un amparo el pasado 25 de agosto para impugnar la medida.

Sin embargo, el recurso todavía no entra de lleno al análisis de fondo. Este lunes, un Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que no era competente para atender el asunto y ordenó que fuera remitido a juzgados federales de Sinaloa. De esta manera, será en esa entidad donde continúe el proceso promovido por el exfuncionario para intentar revertir el bloqueo de sus cuentas.

La medida financiera también alcanzó al empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga, señalado como socio de Velarde en al menos ocho compañías establecidas en Sinaloa. Lizárraga igualmente recurrió al amparo, aunque el pasado 4 de septiembre una jueza federal le solicitó realizar aclaraciones en su demanda antes de determinar si admite el recurso. Entre las empresas que comparten ambos empresarios se encuentran Grupo Priben y Operadora de Bares Veliz.

Esta última compañía corresponde a la razón social del restaurante El Muchacho Alegre, ubicado en Mazatlán, negocio del que Velarde y Lizárraga son socios y que en abril pasado tuvo un conato de incendio que provocó el desalojo de aproximadamente 80 personas. Por ahora, el bloqueo de cuentas permanece como parte de las acciones de la UIF, mientras los recursos legales promovidos por los empresarios siguen su curso ante las instancias federales correspondientes.