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Denuncian a Ulises Carlín por ocupar dos cargos en Gobierno de Nuevo León
Carlín asumió como encargado de despacho de la Tesorería en enero de este año, tras la salida de Carlos Garza Ibarra, pero su permanencia en el cargo ha generado cuestionamientos políticos debido a que no ha sido nombrado formalmente como secretario de Finanzas y Tesorería por el Congreso local
Una nueva controversia golpea al Gobierno de Nuevo León luego de que Ricardo Tamez presentara una denuncia contra Ulises Carlín de la Fuente, a quien señala por presuntamente desempeñar de manera simultánea funciones como encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y como titular de la Consejería Jurídica del gobernador Samuel García.
La acusación fue presentada ante la Oficialía de Partes y, de acuerdo con el denunciante, incluye 42 elementos de prueba con los que busca acreditar que Carlín continuó actuando como Consejero Jurídico mientras tenía a su cargo la Tesorería estatal. Entre las evidencias se encuentran promociones y actuaciones realizadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este año.
Tamez sostiene que esta situación podría contravenir disposiciones de la Constitución de Nuevo León, particularmente el artículo 190, que establece restricciones para el desempeño simultáneo de determinados cargos públicos. Por ello, solicitó que la denuncia sea turnada a instancias como la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado para determinar si existen responsabilidades.
Carlín asumió como encargado de despacho de la Tesorería en enero de este año, tras la salida de Carlos Garza Ibarra, pero su permanencia en el cargo ha generado cuestionamientos políticos debido a que no ha sido nombrado formalmente como secretario de Finanzas y Tesorería por el Congreso local. Ahora, la denuncia añade un nuevo frente de presión sobre la administración de Samuel García al poner bajo la lupa la acumulación de funciones de uno de sus principales colaboradores.
Hasta el momento, la presentación de la denuncia no implica que Carlín haya sido declarado responsable de alguna irregularidad o delito, pues corresponderá a las autoridades competentes analizar las pruebas y determinar si existe alguna conducta sancionable. El caso, sin embargo, abre otro episodio de confrontación entre el Ejecutivo estatal y sus críticos, quienes cuestionan la forma en que se han distribuido y ejercido responsabilidades dentro del Gobierno de Nuevo León.
