La Bancada Naranja, liderada por el Diputado Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para homologar el Código Penal del Estado de Nuevo León en concordancia con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Como país, dentro de nuestra Constitución Política se encuentra totalmente prohibida la tortura y existe además la ley a nivel federal que previene y sanciona estas acciones, pero en nuestro Estado hace falta que quede estipulado para evitar problemas a futuro y hacer nuestro Código Penal más efectivo”, dijo el Coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano.
La iniciativa busca que se reformen, adicionan y deroguen diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nuevo León en materia de delitos de tortura.
“Es muy importante que la prohibición absoluta de la tortura permee a todos los niveles porque todas las personas tienen derecho a un trato digno y humano, donde no haya espacio para el maltrato de ningún tipo”, comentó Gaona.
MÉTODO UTILIZADO EN MÉXICO
La iniciativa señala que la tortura es un método utilizado de manera generalizada en México para la obtención de testimonios, pero sobre todo se presenta en la población privada de la libertad.
De acuerdo con datos de World Justice Project, durante el periodo del 2006 al 2016, a nivel nacional el 79% de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público. Es decir, se estima que casi un 80% de las personas sufrió alguna forma de tortura o maltrato.
Entre las adiciones que se plantean se encuentran que, en el caso de servidores públicos vinculados a procesos por el delito de tortura se les podrá imponer prisión preventiva, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, se prevé que ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos.
La iniciativa señala también que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.
