Aceleran concesiones de agua en NL pese al Plan Hídrico de Sheinbaum; Conagua bajo sospecha

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrenta una fuerte controversia en Nuevo León por la presunta aceleración irregular de concesiones y transmisiones de derechos de agua, a pesar del anuncio y entrada en vigor del Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo central es reordenar el uso del recurso y reconocerlo como un derecho humano, no como una mercancía.

Aunque el nuevo marco legal —respaldado por la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación— busca frenar el acaparamiento y el mercado negro del agua, documentos oficiales revelan que en Nuevo León se han aprobado trámites que normalmente tardan hasta dos años en apenas seis meses. Las autorizaciones se habrían dado bajo el presunto aval del delegado de Conagua en el estado, Luis Carlos Alatorre Cejudo, lo que contradice el espíritu de la nueva política hídrica federal.

Uno de los casos más relevantes es el de GP Servicios Industriales S.A. de C.V. (Grupo Garza Ponce), que ingresó en diciembre de 2024 una solicitud para la transmisión de derechos de agua. A menos de siete meses, la empresa obtuvo autorización para explotar nueve pozos de agua subterránea con uso agrícola, pese a no dedicarse a esa actividad. El volumen aprobado asciende a 486 mil 400 metros cúbicos anuales y se localiza en el acuífero El Carmen–Salinas–Victoria, en Ciénega de Flores, dentro de la región hidrológica Bravo–Conchos. La concesión quedó inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua el 8 de julio de 2025.

Otro foco de atención es la empresa Gonher de México, S.A. de C.V., que mantiene en trámite una transmisión de derechos mediante un intermediario ligado a exfuncionarios de la propia Conagua. Mientras el proceso sigue abierto, la empresa ya estaría explotando un pozo sin contar con autorización formal, situación que no ha derivado en clausuras ni sanciones, a pesar de que la ley obliga a la autoridad federal a frenar cualquier aprovechamiento ilegal de aguas nacionales.

Estas prácticas ocurren en un contexto particularmente sensible para Nuevo León, estado que hace apenas dos años enfrentó una de las peores crisis hídricas de su historia, con cortes prolongados de agua para consumo humano. Pese a ello, el Registro Público de Derechos de Agua revela que solo 34 concesionarios concentran más de 17.3 millones de metros cúbicos anuales, un volumen equivalente a casi la mitad de la capacidad de la presa La Boca. A esto se suma que más de dos mil concesiones de pozos están en manos de la iniciativa privada.

Entre los principales acaparadores figuran grandes empresas como Heineken México y Grupo Modelo, que en conjunto disponen de casi siete millones de metros cúbicos al año. También aparecen particulares con concesiones agrícolas que presuntamente revenden el agua mediante pipas en la Zona Metropolitana de Monterrey, convirtiendo el recurso en un negocio altamente lucrativo en medio de la escasez.

El contraste con otras entidades es evidente. En Jalisco, la Conagua ha iniciado operativos para clausurar pozos irregulares y combatir el llamado “huachicoleo” de agua, una práctica que también ha sido detectada en Nuevo León sin que hasta ahora se observen acciones similares. La nueva Ley General de Aguas elimina la facultad de delegados estatales para aprobar concesiones y concentra las decisiones en oficinas centrales, con la intención de cerrar espacios a discrecionalidad y corrupción.

Mientras el Gobierno federal insiste en que el agua es un bien de la nación y no un activo financiero, los casos detectados en Nuevo León ponen en entredicho la aplicación real del Plan Nacional Hídrico. La falta de supervisión efectiva, la rapidez inusual en los trámites y la concentración del recurso en pocas manos reavivan el debate sobre si la soberanía hídrica proclamada desde el discurso oficial realmente se está cumpliendo en los estados más golpeados por la sequía.