El juez que lleva en Nueva York el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pospuso este lunes el pronunciamiento de la sentencia hasta el 1 de marzo de 2024, cinco meses más tarde de la fecha prevista (27 de septiembre), según un documento judicial.
El juez Brian Cogan comunicó que el abogado defensor de García Luna ha presentado “causa razonable” para el retraso de la sentencia, y establece los siguientes plazos: 12 de diciembre para que el defensor presente nuevas pruebas; 19 de enero para que replique la Fiscalía; 2 de febrero para el alegato final de la defensa y 1 de marzo para la lectura de la sentencia.
El abogado defensor, César de Castro, ya había pedido en abril tres meses suplementarios -que le fueron entonces concedidos- para revisar “nuevas pruebas favorables” aportadas por “agentes de las fuerzas del orden” de México y Estados Unidos entre otras personas, y el 1 de julio volvió a pedir la extensión por considerar que se trataba de “pruebas relevantes”.
La decisión del juez de acordar a De Castro un nuevo plazo contradice la postura de la Fiscalía, que hace dos semanas dijo que la defensa se había embarcado en “una expedición de pesca” de pruebas favorables y solicitó a Cogan que se negara a esas maniobras dilatorias cuando ya han tenido más de tres años para hablar con testigos y examinar documentos.
De Castro había argumentado ante el togado que “a medida que más personas conocen la naturaleza de las pruebas contra el señor García Luna, aún más antiguos funcionarios” están aportando “información que creen podría haber sido útil para la defensa en el juicio”.
Concretamente, en el último mes de junio, los abogados del exsecretario de Seguridad Pública recibieron “miles de páginas de material, archivos de audio y video” que no habían “visto nunca”, y De Castro arguyó que la mayoría están en español, por lo que las limitaciones de idioma del equipo estaban “retrasando” su revisión.
García Luna, de 55 años, fue declarado culpable en febrero de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.
