“Árboles fantasma” en la Alameda: Congreso exige investigar a Reforestación Extrema por presunto desvío millonario

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen a la organización civil Reforestación Extrema, ante la sospecha de un uso indebido de recursos públicos en el programa de regeneración de la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey. La propuesta fue presentada por la diputada panista Claudia Caballero Chávez, quien denunció anomalías financieras en el convenio firmado entre la asociación, dirigida por Cosijoopii Montero, y la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

Entre las irregularidades detectadas destacan 27 facturas repetidas hasta 12 veces, así como la existencia de “árboles fantasma”, con un gasto superior a los 26 millones de pesos en ejemplares que no aparecen en los censos físicos realizados de manera independiente en la zona. De acuerdo con una investigación de Grupo REFORMA, aunque sí se plantaron más de 300 árboles nuevos, los más costosos —147 ejemplares de 15 pulgadas de diámetro, facturados en 177 mil 800 pesos cada uno— no existen físicamente en el parque, lo que representa un posible daño al erario por al menos 26.1 millones de pesos.

El censo reveló que en el área sólo hay 11 árboles con medidas similares a las reportadas en facturas, pero todos ya estaban desde años anteriores, según imágenes históricas de Google Street View. Además, se detectaron costos elevados por servicios como el suministro de 144 pipas de agua a casi 14 mil pesos cada una, así como discrepancias entre lo facturado por empresas proveedoras como Arbolmax y Viveros Regionales y la realidad en campo. En total, estas compañías facturaron 43.7 millones de pesos durante el periodo de regeneración de la Alameda, entre marzo y junio de 2024.

Durante la discusión legislativa, la diputada priista Armida Serrato Flores calificó la situación como “indefendible”, al señalar que Reforestación Extrema obtuvo contratos por más de 300 millones de pesos sin contar con infraestructura suficiente. Por su parte, Mirna Grimaldo subrayó que la ASE puede realizar una revisión excepcional sin esperar los tiempos ordinarios de la cuenta pública. En contraste, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz, afirmó que el proyecto fue ejecutado por el municipio de Monterrey y no por el Estado, calificando el exhorto como un “golpeteo político”.

Finalmente, el exhorto fue aprobado con 30 votos a favor y 9 abstenciones, instruyendo a la ASE a realizar una revisión detallada del convenio 2023-2025 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Reforestación Extrema. También se ordenó un nuevo censo para verificar si las especies, dimensiones y características de los árboles coinciden con lo pagado, además de solicitar a la UIF rastrear el flujo de los recursos y exhortar al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, a realizar una inspección física abierta para aclarar los criterios de validación de las facturas. El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos destinados a proyectos ambientales en Nuevo León.