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Política

Corte Suprema de EUA respalda a Trump en disputa sobre ciudadanía por nacimiento

El Migration Policy Institute estima que hasta 255 mil bebés nacidos cada año podrían verse afectados por la medida.

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El Migration Policy Institute estima que hasta 255 mil bebés nacidos cada año podrían verse afectados por la medida.

La Corte Suprema de Estados Unidos se alineó con la Administración de Donald Trump al levantar los bloqueos impuestos por tribunales menores a la orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía automática por nacimiento. Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal no evaluó el fondo del decreto, sino la autoridad de jueces federales de menor rango para emitir suspensiones a nivel nacional, dando así una victoria técnica al presidente republicano.

El fallo responde a decisiones previas tomadas en cortes de Maryland, Washington y Massachusetts, donde jueces consideraron que Trump no tenía la facultad de alterar lo dispuesto por la Enmienda 14 de la Constitución. Esta enmienda garantiza la ciudadanía automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La jueza Amy Coney Barrett, en representación de la mayoría conservadora, señaló que los tribunales no pueden ejercer un control general sobre el Ejecutivo y deben ceñirse a los límites establecidos por el Congreso.

Aunque el fallo no permite la entrada en vigor inmediata de la orden, sí abre la puerta para que esta pueda aplicarse dentro de 30 días, lo que preocupa a organizaciones civiles y expertos legales. El Migration Policy Institute estima que hasta 255 mil bebés nacidos cada año podrían verse afectados por la medida. Ante este panorama, se prevé que los demandantes recurran a acciones colectivas para impugnar la legalidad del decreto antes de que entre en vigor.

Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron fuertes votos disidentes. Sotomayor acusó a la Corte de abdicar su responsabilidad en la defensa del Estado de derecho, mientras que Jackson advirtió que permitir al Ejecutivo evadir el escrutinio judicial mediante argumentos técnicos representa una “amenaza existencial” para la democracia. La orden fue firmada por Trump el 20 de enero, día en que asumió su segundo mandato, reafirmando su línea dura en política migratoria.

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