El candidato panista a la Alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, ha presentado una denuncia penal y otra electoral contra su oponente de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati, por difamación y calumnias.
Fernández tomó esta acción legal luego de que Canavati señalara un supuesto pacto entre él y el crimen organizado para mantener el blindaje en San Pedro durante su segundo trienio como Alcalde (2009-2012).
“Una (denuncia) es penal y la otra es electoral. No es un juego”, declaró Fernández, quien ha sido tres veces Alcalde de San Pedro.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Estatal Electoral (IEE), respectivamente.
Especialistas han expresado su preocupación por las denuncias por difamación por la vía penal, considerándolas una amenaza para la libertad de expresión. A nivel federal, desde 2007, se despenalizó la denuncia por difamación y calumnias.
En un debate organizado por el IEE, Canavati acusó a Fernández de haber pactado con el crimen organizado y de crear un llamado “grupo rudo”. Ante esta acusación, Fernández pidió la palabra, pero no se le permitió la réplica debido al formato del evento, lo que lo llevó a abandonar el debate, negando tener cualquier vinculación con el crimen organizado.
En un Encuentro Ciudadano realizado por EL NORTE, Canavati reiteró la acusación, señalando que Fernández había pactado con el crimen.
Cabe destacar que en diciembre de 2022, la morenista Tatiana Clouthier denunció penalmente por difamación al periodista Alfredo Jalife-Rahme en Nuevo León, acusándolo de “robarse el litio del país”. Jalife fue detenido, pero continuó su proceso en libertad, y recientemente un juez federal invalidó el proceso por difamación.
Esta situación refleja una controversia que aborda la relación entre la libertad de expresión y las acciones legales en el ámbito político.
