Esta mañana, Gregorio, junto a su esposa, hijas y nieto recién nacido, huyó del municipio indígena Tila, en el norte de Chiapas. La violencia en los últimos días, que incluyó incendios de casas y negocios y la presunta muerte de ocho personas, forzó a aproximadamente 6,000 personas a desplazarse a lugares cercanos como Petalcingo y Yajalón.
El Ejército y otras autoridades llegaron al pueblo a las 7:00 AM, indicando a los habitantes que abandonaran el área rápidamente. “Nos dijeron váyanse porque no sabemos cómo se va a poner”, relató Gregorio. Los residentes, escondidos en casas alejadas, salieron en masa, muchos en vehículos proporcionados por amigos y vecinos.
Las autoridades, incluyendo más de 500 elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, se enfrentaron a resistencia de algunos pobladores. Mientras evacuaban, Gregorio observó la devastación: su casa y negocio de abarrotes habían sido incendiados, y muchas personas estaban heridas, algunas mujeres y niñas habían sido violadas.
Ahora, Gregorio y su familia se encuentran en un albergue improvisado en Yajalón, junto a otras mil personas. La situación es caótica, con muchos refugiados cargando bolsas de basura llenas de pertenencias y tratando de adaptarse a su nueva realidad.
El gobierno de Chiapas ha desplegado ambulancias y vehículos de carga para ayudar a los desplazados, pero la tensión permanece alta. Luis Abarca, activista del Comité Digna Ochoa, criticó la intervención militar, argumentando que no se están deteniendo a los responsables ni desarticulando a los grupos delincuenciales, especialmente a los denominados “autónomos”.
El conflicto en Tila ha involucrado varios grupos, incluyendo aquellos que alguna vez buscaron autonomía del ejido y ahora están presuntamente alineados con el crimen organizado. La identidad de los atacantes sigue siendo un punto de controversia, con algunos señalando a grupos locales y otros a narcotraficantes.
El desplazamiento forzado de miles de personas de Tila resalta la grave situación de seguridad en la región, y la necesidad urgente de una intervención efectiva que proteja a los civiles y restablezca el orden.
