En respuesta a la intensificación de la polarización y violencia política, los 50 estados de Estados Unidos han implementado fuertes medidas de seguridad para las elecciones presidenciales de este 5 de noviembre.
Con la intención de proteger tanto a los votantes como a los funcionarios electorales, se han desplegado equipos de seguridad, drones, francotiradores, cristales antibalas y botones de pánico en los centros de votación, en lo que se anticipa como una de las jornadas electorales más protegidas en la historia del país.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha asignado observadores en 86 jurisdicciones en 27 estados, en una estrategia sin precedentes para asegurar el correcto desarrollo de las elecciones.
Este despliegue masivo incluye a estados clave como Arizona, que tras las elecciones de 2020 enfrentó tensiones y acusaciones infundadas de fraude electoral por parte de seguidores del expresidente Donald Trump.
En respuesta, autoridades locales, como el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, han extremado precauciones con barreras físicas y controles de seguridad adicionales en centros de votación.
A nivel federal y estatal, se han destinado millones de dólares para coordinar los operativos de seguridad y entrenamiento de los funcionarios electorales en manejo de crisis, que incluye simulacros de tiroteos y técnicas de respuesta inmediata.
La exdirectora ejecutiva de la Comisión Electoral de Milwaukee, Claire Woodall, destacó que los funcionarios ahora cuentan con chalecos antibalas y asistencia cercana de personal de seguridad para garantizar su tranquilidad.
Además, organizaciones civiles, como el Comité para unas Elecciones Seguras, han distribuido guías prácticas para informar a los vigilantes de los centros de votación sobre las leyes electorales locales y sus derechos ante posibles amenazas.
En un contexto donde el miedo a la violencia y las tensiones son palpables, EE.UU. se prepara para unas elecciones críticas que no solo decidirán el rumbo político del país, sino que también pondrán a prueba la capacidad de sus instituciones para mantener la paz y la seguridad democrática.
