Que no queden impunes los actos irregulares cometidos por los sobrinos del exsecretario de gobierno Manuel González Flores en contra del gobierno estatal en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, exigió el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Garza Ochoa.
Señaló que los hermanos Javier y Manuel Flores Martínez deben de rendir cuentas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado porque se trata de más de 4 mil 900 millones de pesos facturados a Isssteleon del 2015 al 2021, por presuntos servicios prestados.
Comentó que las irregularidades se presentaron desde que se les adjudicaban directamente los contratos, cuando el gobierno y toda dependencia pública está obligada a concursar la adquisición de bienes o servicios.
“DEBEN SER DENUNCIADOS”
“Javier y Manuel Flores Martínez deben de ser denunciados con pruebas concluyentes para que no queden dudas, procesados por los delitos que resulten, entre ellos el tráfico de ifluencias y fraude y que sean encarcelados, como se haría con cualquier otro ciudadano que comete algún delito, porque lo que ellos hicieron no es un delito común, es un delito en contra del estado”, agregó.
Exhortó a la Fiscalía General de Justicia a que investigue a fondo cada caso y cada contrato en Isssteleon y otras dependencias donde estén invlucrados los sobrinos de Manuel González, porque seguramente encontrarán más cosas irregulares que anexar a la denuncia que ya presentó el gobierno estatal.
José Luis Garza manifestó que ojalá y esta denuncia que ya se presentó ante la FGJ, no se trate de acto mediático, solo para aparentar que se hará justicia y quedar bien con los ciudadanos, sino que se trate de algo real, en donde los responsables paguen por los delitos cometidos.
Criticó también que González Flores, aprovechando el cargo que tenía y a donde le llegaba toda la información que se genera en el estado, la haya puesto a disposición de su familia para que se enriquecieran, a pesar de que esto significaba dañar las finanzas estatales y traicionar la confianza de los nuevoleoneses, a quienes estaba obligado a servir.
Comentó que el exfuncionario público también debe ser castigado por la justicia por usar sus influencias para que sus familiares se adjudicaran estos contratos millonarios y hasta se convirtieran en propietarios de una ruta de camiones, que tenía todas las facilidades para operar, mientras que a otra ruta competidora le restringen el recorrido.
