Estados Unidos sancionó a 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos ministros y mandos de seguridad, acusándolos de represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El Departamento del Tesoro bloqueó sus propiedades y prohibió cualquier transacción financiera con ellos, alegando que intentaron robar las elecciones y violaron derechos humanos al reprimir manifestaciones pacíficas.
Entre los sancionados se encuentran Aníbal Coronado, Freddy Ñáñez, y altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN y la DGCIM. Además, se señaló al director del SEBIN, Alexis Rodríguez Cabello, y al jefe de la DGCIM, Javier Marcana Tabata, por su participación en la violencia política. Estas acciones se suman a una larga lista de sanciones a más de 150 venezolanos, en un contexto de cuestionamiento internacional sobre la legitimidad del proceso electoral.
El gobierno de EE. UU. sigue reconociendo a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, a pesar de la proclamación de Maduro por el CNE. Este reconocimiento se ha traducido en más presión internacional contra el régimen de Maduro, cuyo aislamiento global continúa en aumento.
