La directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, Susana Pérez Cadena, confesó que el órgano autónomo pagó al crimen organizado para poder entrar en algunas zonas rurales del país y con ello realizar el Censo Agropecuario 2022.
La funcionaria reveló estos hechos durante una reunión entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y el Inegi.
Enfatizó que la preocupación primordial en dicha situación era la seguridad de los encuestadores, y agregó que las oficinas estatales del Instituto ya tenían experiencia para manejar situaciones complejas en la materia.
“Nos preocupaba sobre todo la integridad del personal contratado para el levantamiento, sin embargo, las oficinas estatales del Inegi tienen una experiencia muy detallada, muy profunda, muchísimo conocimiento de como abordar cada una de las zonas del país. Es más, ni siquiera se pueden establecer lineamientos generales para ello”.
De igual manera, señaló que en varias ocasiones el Inegi ha pagado a la delincuencia organizada para ingresar a las comunidades rurales, e incluso mencionó que uno de los encuestadores fue privado de la libertad por varios días.
“Hay muy diversas estrategias, desde algunos casos, pagar para entrar (a las comunidades), pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar. Una muy importante es contratar personal de la zona, que conozca muy bien a la gente de la localidad, o de la zona que se está censando, y que además sea conocida de esa gente, que sea conocida de quienes pudieran estar incurriendo en, cuestiones de la delincuencia. Con esa la entrada a todos los lugares es muy sencilla.
“Sí tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos, el primer día tuvimos una persona digamos como secuestrada, y duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más”.
