Durante la sesión pública de este martes, por mayoría de ocho votos, el Pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucionales diversas modificaciones de ley que permitieron que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de la Sedena y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
En su intervención, el ministro Javier Laynez Potisek consideró que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se trataron de un “fraude a la Constitución”.
“Lo que se transfiere a Sedena es el núcleo esencial que dota de contenido la adscripción de una unidad a un órgano administrativo, qué es la adscripción sino el control operativo y administrativo de una unidad complementado por la facultad de nombramiento, normatividad, regulación y disposición de los recursos personales, financieros y materiales.
“La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, por ello la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, enfatizó.
“Este traslado de facultades sí me parece que no honra la disposición contenida en el artículo 21 constitucional, sí me parece que afecta el perfil que el propio constituyente permanente quiso establecer para este cuerpo especializado de la Guardia Nacional”, sostuvo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
