El Gobierno de Japón aprobó un decreto que establece los requisitos para designar una segunda capital, conocida como fukushuto, que pueda asumir las funciones esenciales de Tokio en caso de que una catástrofe de gran magnitud paralice el centro político y administrativo del país.
La iniciativa busca garantizar la continuidad del Estado ante emergencias, además de reducir la concentración de población y actividad económica en Tokio e impulsar el desarrollo de otras regiones.
Hasta el momento, Hokkaido, Aichi, Osaka y Fukuoka cumplen los criterios establecidos y han expresado su intención de solicitar el reconocimiento. Sin embargo, ninguna ha sido designada oficialmente como segunda capital.
Entre los requisitos se encuentra contar con un municipio que albergue al menos 14 de los 28 tipos de oficinas regionales de organismos nacionales, tener una ciudad cuya población represente al menos 1.2 por ciento del total del país y alcanzar una participación mínima de 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) japonés, calculada con base en el promedio de los últimos tres años.
El decreto también contempla excluir las zonas consideradas vulnerables ante un gran terremoto debajo de Tokio o una posible erupción del monte Fuji, con el objetivo de reducir el riesgo de que ambas sedes resulten afectadas por una misma emergencia.
Las prefecturas que obtengan la designación podrán recibir apoyo del Gobierno central para desarrollar instalaciones, impulsar proyectos urbanos, flexibilizar determinadas regulaciones y atraer inversión privada. La legislación relacionada con el proyecto entrará en vigor el 30 de octubre.
La medida no implica trasladar permanentemente la capital ni quitarle esa condición a Tokio. Se trata de establecer una sede alternativa que permita mantener las funciones fundamentales del Gobierno si una emergencia impide operar desde la capital actual.
Como parte de las medidas de prevención, Japón también prevé exhortar a la población a almacenar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para cubrir al menos tres días y, de ser posible, hasta una semana. La recomendación busca garantizar el abastecimiento ante posibles terremotos y otras catástrofes que puedan interrumpir los servicios básicos.