Karla María Macías Lovera, jueza novena de Distrito con residencia en Guanajuato, concedió una suspensión provisional a la organización Uniendo Caminos México.
La resolución ordena que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, y en caso de que la transferencia haya iniciado, deberá deshacerse.
La jueza determinó que las autoridades están obligadas a cumplir con la suspensión, “aun en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables”.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar “todos los actos necesarios para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, y para que se restituyan aquellos ya transferidos”.
Uniendo Caminos México argumentó que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional inhibe el ejercicio de derechos esenciales porque los militares carecen de adiestramiento para realizar tareas de seguridad pública.
La suspensión provisional permanecerá hasta la realización de la audiencia incidental, donde la jueza definirá si otorga la suspensión definitiva. De concederse esa medida, la integración de la Guardia Nacional a la Sedena se suspenderá hasta que se resuelva de fondo el amparo.