El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se dijo estar abierto al diálogo para analizar la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer organismos autónomos, pero advirtió que “ningún poder público” podría asumir sus funciones.
El comisionado presidente Adrián Alcalá y las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, analizarán la iniciativa de reforma, así como las acciones que el presidente López Obrador determine emprender, conforme a sus atribuciones constitucionales.
Con esta propuesta de reforma que el titular del Ejecutivo entregó al Poder Legislativo en su paquete de iniciativas, el Pleno del Inai da por hecho que se trata de propiciar el diálogo, la conformación de consensos y la deliberación pública, que deben caracterizar a un régimen político en el marco de un Estado constitucional y democrático de Derecho”, externaron.
Los integrantes del Pleno del Inai manifestaron su apertura al diálogo y su interés de participar activamente en ejercicios de parlamento abierto, conversatorios, foros y otros espacios donde sea posible debatir y dejar clara la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, independiente de los poderes públicos.
También expresaron su disposición para identificar los aspectos de la legislación secundaria que deben ser revisados y actualizados, a fin de mejorar el desempeño del organismo.
Sin embargo, el comisionado presidente y los comisionados advirtieron que “las funciones del Inai no pueden quedar sujetas a ningún poder público o ente que tenga otra función constitucional”.
De esta forma, señaló, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública podrían asumir las funciones del Instituto Nacional de transparencia, toda vez que “la protección efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales requiere de una institución autónoma, especializada e imparcial, que ejerza sus competencias constitucionales con perspectiva garantista”.
