El informe sobre prácticas de derechos humanos en México 2023, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha generado preocupación por las omisiones observadas en materia de matrimonio infantil forzado y secuestro de niños con fines de explotación sexual.
Según el reporte, dado a conocer recientemente por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de esa agencia, se reclama una respuesta institucional del gobierno mexicano, señala Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista.
El informe destaca la necesidad de que los candidatos a la Presidencia, gobiernos estatales y Congreso incluyan compromisos y propuestas de políticas públicas para abordar estas situaciones durante el proceso electoral.
Ortiz Gómez considera que el informe es de suma relevancia, ya que refleja el estado actual de los derechos humanos en México.
Entre las preocupaciones principales, el informe menciona que entre 2010 y 2021 se llevaron a cabo alrededor de 153 mil matrimonios infantiles en el país, lo que indica una situación grave.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
También señala que anualmente al menos unos 21 mil niños son secuestrados con fines de explotación sexual en México, destacando los delitos sexuales contra menores, como la distribución de pornografía infantil y el turismo sexual infantil.
Ortiz Gómez insta a una reacción institucional del Gobierno de México ante esta situación, así como a la implementación de un programa urgente para abordar estos problemas.
El abogado plantea la necesidad de actualizar el marco jurídico de defensa de los derechos humanos en el Congreso, así como la implementación de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo y medidas para garantizar la reparación del daño y la no repetición en el Poder Judicial.
Además, destaca la importancia de la intervención de órganos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar rendición de cuentas a las autoridades responsables.
Finalmente, Ortiz Gómez enfatiza en la necesidad de que la sociedad civil asuma un rol activo en la exigencia y denuncia de estas violaciones de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales, así como en la corresponsabilidad en el diseño de políticas públicas.
