La jueza federal, Celia Quintero Rico, ordenó al Senado de la República Para que nombre de inmediato a los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Se concede la medida cautelar para el único efecto de que la Jucopo (del Senado) cese la omisión reclamada y con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del INAI, acuerde el nombramiento que debe someter al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, con la finalidad de ocupar el cargo que deja disponible el comisionado Acuña”, se lee en la resolución.
La jueza Quintero Rico dio también 48 horas a la Jucopo de la Cámara Alta para que acredite que ya cumplió con otra suspensión definitiva otorgada en marzo pasado, donde también se ordenó elegir a los dos comisionados del INAI faltantes.
En caso de que el Senado de la República no atienda estas suspensiones de jueces, estaría violando un mandato judicial.
El INAI continuará sin sesionar, luego de que el pasado jueves 27 de abril se rechazara en el Senado
La ley mexicana señala que para que el Inai pueda tomar decisiones de pleno requiere como mínimo cinco de sus siete miembros, al tiempo que se busca eliminar al organismo autónomo por considerar que “no sirve para nada”.
Anteriormente, se inscribió una iniciativa del presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, para eliminar a este organismo autónomo mexicano y traspasar sus facultades a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retiró su propuesta.
La propia comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, ha advertido que son los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales los que “están en juego” por la falta de su quórum legal.
“Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es el derecho a saber y también la protección de datos personales”, comentó Ibarra.
