Luego de los dimes y diretes que se han registrado en torno a la obligación del gobernador Samuel García a entregar el presupuesto para el 2023, hoy, el Tribunal Superior de Justicia se suma a la enfrentona entre Estado y Congreso y pone un ultimátum al titular del Ejecutivo para cumplir con la Ley de Egresos.
El Poder Legislativo promovió una Controversia de Inconstitucionalidad que fue
admitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, misma en la que
se señalan como autoridades demandadas al Titular del Ejecutivo y al Secretario de
Finanzas y Tesorero General del Estado.
Dentro del expediente de la Controversia de Inconstitucionalidad 04/2022 se concedió
una suspensión que fue notificada el día de hoy y que obliga a las autoridades en los
siquientes términos:
-“Cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Nuevo León, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el
año 2023, acorde a lo dispuesto por el articulo 125, fracción XIX de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.
-“Cesen los actos de omisión por parte del Secretario de Finanzas y Tesorero
General del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el anteproyecto del
presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por ol articulo
125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León; y articulos 1, 2, 4, 18, inciso A), fracción Il 1, 24, fracciones Il y XXXV, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León”.
Además, en la resolución se apercibe de que, de no cumplir con la medida, se pondrá en
riesgo la gobernabilidad y Estado de Derecho del Estado de Nuevo León, ante la
imposibilidad constitucional de aplicar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para
el año 2022.
Las medidas ordenadas por la autoridad judicial al Gobernador y al Tesorero deben
cumplirse en los términos que fueron dictadas, independientemente del adelanto o
extensión del periodo vacacional de la Administración Pública Estatal o de otras medidas
adoptadas que han trastornado el funcionamiento de las dependencias estatales y los
servicios que debieran estar prestando a la ciudadanía.
Con esta suspensión se garantiza que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación
constitucional de transparentar y dar certeza al gasto público de más de 130 mil millones
de pesos para el 2023, obligación que hasta el día de hoy ha evadido, a pesar de que la
Constitución Local señala el día 20 de noviembre como fecha límite para presentar al
Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos del año siguiente.
