Con el objetivo de garantizar que los planteles educativos en Nuevo León, no sigan siendo víctimas de robos, el Diputado Héctor García del Grupo Legislativo del PRI, presentó una iniciativa para aplicar la pena máxima a quienes sean sorprendidos realizando estas acciones.
Durante la pandemia que originó el COVID19, las clases presenciales fueron suspendidas, situación que fue aprovechada por delincuentes quienes sustrajeron material y equipo utilizado para la educación de los alumnos.
“Lamentablemente hay personas que han afectado no en una, sino en múltiples ocasiones a las escuelas, robando el equipo que con mucho sacrificio es adquirido por la sociedad de padres de familia o de los donativos que reciben los planteles educativos, por eso hay que poner sanciones ejemplares que permita acabar con estas prácticas”, señalo el Diputado.
En este sentido, en noviembre del 2008, el poder legislativo modificó la fracción XI del articulo 374 estableciendo que cuando el ladrón se apodere de uno o más bienes en cualquier institución educativa pública o privada que cuente con reconocimiento oficial, y cuyo valor total exceda de cincuenta cuotas, se tendrá un agravante a la pena de robo de 2 a 6 años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas, al delincuente.
Por ello, debido a que este tipo de acciones ha ido en incremento, Héctor García presentó la iniciativa para que se aplique la pena máxima de este agravante de 6 años de prisión, en el entendido de poder evitar que se siga cometiendo este delito.
