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Propone PRI acelerar trámites en adopciones

El Coordinador del PRI en Nuevo León, Heriberto Treviño, manifestó que es importante reducir el rezago que existe en adopciones.

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Con el objetivo de darle celeridad al proceso de adopciones, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado a fin de disminuir de 3 a 2 el número de edictos que tienen que realizarse cuando las notificaciones no se pueden realizar de otra manera.

El líder de la bancada del PRI en el Poder Legislativo puntualizó que en Nuevo León existe un rezago y retraso en materia de adopciones, ya que, durante los juicios especiales de perdida de patria potestad, cuando la notificación se realiza mediante edictos, estos deben de publicarse 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial y en un periódico de los que tenga mayor circulación a juicio del juez, lo que hace largo y cansado el desarrollo de la adopción.

“De ahí que estamos planteando reformar el Código de Procedimientos Civiles para permitirle a los jueces mejorar el procedimiento de notificación, para que éste pueda ser sólo mediante 2 edictos y no 3, como se establece actualmente”, indicó el Coordinador de la bancada del PRI.

“Esto, junto con otras acciones al interior de las instituciones de asistencia, y una mejor supervisión por parte de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, podría brindarle un mejor futuro a este grupo poblacional que, a la fecha, vive en terribles condiciones de indefinición, a la espera de que una familia les otorgue el derecho a su libre desarrollo y crecimiento armónico”, agregó Treviño Cantú.

30 MIL INFANTES

El Coordinador del GLPRI refirió que en últimas fechas ha cobrado relevancia el tema del rezago en materia de adopciones, no sólo en Nuevo León, sino en todo el país, ya que se estima que, a nivel nacional, existen más de 30 mil infantes esperando ser adoptados.

Treviño Cantú refirió que la iniciativa va muy acorde con el principio constitucional de priorizar el interés superior de la niñez, toda vez que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una vida familiar plena.

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