Entre enero de 2023 y septiembre de 2024, México registró 14,672 embarazos en niñas de entre 9 y 14 años, según denunció la organización Equifonía con base en datos oficiales. La mayoría de estos casos ocurrió en Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Guerrero, donde persisten limitaciones para garantizar a las menores acceso a la interrupción legal del embarazo, explicó Adriana Fuentes, coordinadora de la agrupación. “Obligarlas a ser madres equivale a tortura”, destacó Fuentes, alertando sobre la gravedad de estos casos.
Activistas señalan que el sistema de salud pública no cumple con el protocolo de atención que exige notificar a fiscalías y brindar información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, se prioriza el control prenatal y la administración de ácido fólico, minimizando la violencia sexual que enfrentan las menores. “Diferentes leyes y normas protegen el derecho de estas niñas a no continuar con el embarazo, pero no se aplica como debería”, sostuvo Fuentes.
México lidera en embarazos adolescentes entre países de la OCDE, pese a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes implementada en 2015. Aunque la meta es erradicar los embarazos infantiles y reducir en 50% los embarazos adolescentes para 2030, los datos recientes reflejan la distancia de estos objetivos y la urgencia de mejorar la respuesta institucional frente a esta crisis de derechos humanos.