Sentencian a García Luna y su esposa por lavado de dinero en EUA

La jueza civil Lisa Walsh de Miami sentenció este martes al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa Linda Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de contratación ilegal y lavado de dinero durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La sentencia obliga a García Luna a pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá cubrir mil 740 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

La resolución deriva de una demanda presentada por el Gobierno mexicano en 2021, en la que se acusó a García Luna, Pereyra, y más de 50 personas y empresas, de utilizar recursos públicos desviados de contratos gubernamentales para adquirir propiedades e invertir millones de dólares en Miami. Según la jueza Walsh, ambos participaron en operaciones ilícitas relacionadas con más de 30 contratos por 580 millones de dólares asignados durante y después de su paso por el Gobierno.

La sentencia se emitió conforme a la Ley RICO, un estatuto estadounidense que combate el crimen organizado y permite triplicar las sanciones económicas por delitos como lavado de dinero. En este caso, el Gobierno mexicano documentó que García Luna desvió 249 millones de dólares y su esposa malversó otros 580 millones, montos que fueron triplicados como sanción.

Aunque se trata de un juicio civil, el fallo podría tener consecuencias penales tanto en Estados Unidos como en México. El litigio también salpica a empresarios como Samuel y Alexis Weinberg, señalados como presuntos prestanombres y socios de García Luna, quienes se encuentran negociando con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Durante el proceso, García Luna no respondió a la demanda y su esposa fue declarada en rebeldía tras incumplir órdenes judiciales. La UIF solicitó sentencia por defecto contra ambos en abril, misma que se confirmó este 21 de mayo.

Además de este caso, García Luna enfrenta una condena penal en Estados Unidos. En octubre de 2024, fue sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión tras ser declarado culpable de narcotráfico y asociación con el Cártel de Sinaloa, lo que ha consolidado su figura como uno de los exfuncionarios más señalados por corrupción en la historia reciente de México.