La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se encontraba bajo el mando del gobernador Samuel García, y dicho por muchos políticos opositores y legisladores ha venido siendo utilizada como un arma contra los cuestionamientos a la administración actual.
Esto debido a que a la UIFE le tocaba investigar los delitos financieros y presentarlos ante la Fiscalía General de Justicia.
Por ejemplo, el caso del panista, Carlos de la Fuente, fue señalado por supuesto enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por colaboración con empresas que ejercieron estos mismos delitos.
Ante esos señalamientos, los diputados locales del PRI y PAN, con mayoría en el Congreso, avalaron hace año y medio, sacar a la UIFE del organigrama de la Tesorería y que dependa de la Fiscalía, un órgano autónomo.
Dentro del decreto publicado, se establece un plazo de 60 días naturales para que el Fiscal General designe a un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y un plazo de 90 días naturales para que la Fiscalía General y la Tesorería implemente las reformas necesarias para su reglamentación interna de operaciones.
La decisión de la Supremas Corte de Justicia de la Nación (SCJN) surgió tras una controversia constitucional presentada por el Legislativo, tras acusar una omisión del Estado de publicar esta reforma en el Periódico Oficial, para que entrara en vigor.
