Ecuador procesa a 39 implicados en masacre carcelaria de Esmeraldas

La Fiscalía de Ecuador formuló cargos contra 39 personas por su presunta implicación en la masacre de 17 reclusos registrada en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas. Según los reportes oficiales, varias de las víctimas pertenecían a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), los cuales fueron catalogados como “terroristas” por el presidente Daniel Noboa en el marco de la estrategia estatal para enfrentar la violencia.

El episodio de Esmeraldas no fue un hecho aislado. Apenas días antes, en el mismo centro penitenciario, una riña entre internos había dejado 14 muertos. La Policía Nacional atribuyó estos hechos a una facción denominada “Sao Box”, vinculada a la organización criminal “Los Lobos”, que habría intentado atacar a otro bloque de la misma agrupación en una disputa interna por el control de la cárcel.

La crisis penitenciaria se ha convertido en un reflejo de la violencia que azota al país. Hace pocos días, hombres armados dispararon contra el director de un centro penitenciario en la provincia de Guayas, quien logró salir ileso. Estos ataques ocurren en medio de un contexto en el que el propio gobierno ha reconocido la gravedad de la situación, al punto de declarar, en enero de 2024, un “conflicto armado interno” para facultar a las Fuerzas Armadas a intervenir de manera directa contra las bandas criminales.

De acuerdo con cifras oficiales y reportes de organismos de derechos humanos, desde 2020 más de 600 reclusos han sido asesinados en distintos episodios de violencia en las cárceles ecuatorianas. Las organizaciones internacionales han exhortado a Ecuador a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, investigar cada hecho violento, sancionar a los responsables y adoptar medidas eficaces para prevenir nuevas masacres.

La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer la participación de los 39 procesados y determinar sus responsabilidades penales. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana sigue demandando acciones firmes para frenar la violencia tanto en los centros de reclusión como en las calles, en un país que enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de seguridad.