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Política

Congresos estatales respaldan Plan B electoral; reforma se acerca a promulgación

Plan B impone límites salariales a consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir remuneraciones superiores a las de la Presidencia de la República

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Plan B impone límites salariales a consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir remuneraciones superiores a las de la Presidencia de la República


La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa avanzando en su proceso de aprobación constitucional luego de recibir el respaldo de múltiples congresos estatales tras haber sido avalada previamente por el Senado y la Cámara de Diputados. Con ello, la iniciativa se acerca al mínimo de 17 legislaturas locales requeridas para su promulgación.

El primer estado en aprobar el dictamen fue Tabasco, cuyo Congreso avaló la minuta durante la madrugada de este jueves con 29 votos a favor y uno en contra. Posteriormente se sumaron entidades como Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras, consolidando una rápida aprobación en varios estados del país.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, estableciendo que los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidurías y deberán integrarse bajo criterios de paridad de género vertical y horizontal. También fija un tope de 0.70 por ciento al presupuesto de los congresos locales respecto al gasto total de cada entidad federativa.

Además, el Plan B impone límites salariales a consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir remuneraciones superiores a las de la Presidencia de la República, y elimina beneficios como seguros médicos privados y otros privilegios financiados con recursos públicos. Mientras Morena y aliados defienden la reforma como una medida de austeridad y eficiencia institucional, la oposición sostiene que representa un debilitamiento del sistema electoral y de la autonomía de los órganos electorales.

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