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OSC exigen al Estado liberar 317.5 mdp; advierten cierre de programas
Las organizaciones aseguraron que la falta de recursos afecta directamente a quienes reciben servicios de salud, terapias, asistencia social y atención comunitaria
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Nuevo León exigieron al Gobierno estatal liberar más de 317.5 millones de pesos en recursos pendientes para 143 asociaciones, al advertir que los retrasos ya provocaron recortes de personal, reducción de beneficiarios, suspensión de proyectos e incluso el cierre de algunas operaciones.
Convocados por Consejo Cívico, representantes de 30 organismos hicieron un llamado a la Secretaría de Igualdad e Inclusión, la Tesorería estatal y otras autoridades involucradas para destrabar los apoyos. Entre los afectados se encuentran el Instituto Nuevo Amanecer, Casa Monarca, Cáritas de Monterrey, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Pronatura Noreste y Renace. Las asociaciones atienden desde migrantes y menores con parálisis cerebral hasta programas de reinserción social.
Agustín Landa, integrante del comité técnico ciudadano encargado de evaluar la asignación de apoyos, señaló que al 30 de abril permanecían pendientes 177 apoyos para 143 organizaciones, equivalentes a 88.5 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2025, mientras que para 2026 no se han entregado otros 229 millones. “El argumento es que no hay dinero. Eso es lo que nos dicen. Y hay que presionar porque nos damos cuenta que hay otros gastos que sí se hacen”, afirmó.
Las organizaciones aseguraron que la falta de recursos afecta directamente a quienes reciben servicios de salud, terapias, asistencia social y atención comunitaria. “Los que terminan sufriendo son las personas a las que atendemos. Ningún Gobierno puede solo, necesita de la sociedad civil. Ese recurso no es un favor, es un derecho de las familias y de los ciudadanos”, expresó Alicia Navarro, fundadora del Instituto Nuevo Amanecer.
Denisse Delfín, directora de Monstritos, advirtió que algunas asociaciones ya tuvieron que cerrar proyectos y despedir personal, mientras que Gabriela Reyna, del Comedor de los Pobres, reveló que están próximos a cerrar uno de sus cuatro comedores. Mauricio de la Garza, presidente de Consejo Cívico, afirmó que entregar los recursos significa “cumplir con la ley”, pero también responder a las comunidades que dependen diariamente de estas organizaciones.
