Bukele aprueba cadena perpetua desde los 12 años por delitos graves en El Salvador

El presidente de Nayib Bukele firmó una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a menores desde los 12 años y adultos por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, una medida que ha generado fuerte debate dentro y fuera del país.

Las reformas, aprobadas por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, establecen que tanto autores como cómplices podrán recibir esta pena máxima. Además, contemplan revisiones obligatorias de la condena según la edad del acusado y la gravedad del delito.

De acuerdo con la nueva normativa, las penas serán evaluadas periódicamente: en el caso de menores, la revisión se realizará tras 25 años de prisión; para adultos, después de 30 años; mientras que en delitos múltiples o agravados, la revisión podrá extenderse hasta los 40 años de encarcelamiento.

La reforma también introduce nuevos juzgados de lo criminal, que sustituirán a los tribunales de menores en estos casos, y que tendrán la facultad de analizar si los condenados pueden acceder a un régimen de libertad controlada bajo condiciones específicas.

Antes de esta modificación, la legislación salvadoreña contemplaba penas máximas de hasta 20 años de prisión para menores de 16 años y de 10 años para quienes tenían 12 años cumplidos, incluso en delitos relacionados con pandillas.

Estas medidas forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno desde marzo de 2022, cuando se decretó el estado de emergencia tras una ola de violencia. Desde entonces, más de 91 mil personas han sido detenidas, en una política que Bukele defiende como clave para reducir la criminalidad.

Sin embargo, organismos de derechos humanos han cuestionado las reformas y el régimen de excepción, denunciando detenciones arbitrarias y posibles violaciones a garantías fundamentales. Críticos también advierten que estos cambios podrían debilitar el sistema democrático y concentrar más poder en el Ejecutivo.

La reforma se suma a otras iniciativas recientes promovidas por el gobierno, como la eliminación de límites a la reelección presidencial, lo que ha intensificado el debate sobre el rumbo político y legal de El Salvador.