Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, se cometió una de las tragedias más graves de la historia reciente de México.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, perpetrados por policías municipales y estatales en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos, ha dejado una profunda huella en el país. A una década de los hechos, los familiares de los estudiantes continúan buscando respuestas y justicia.
Este caso ha expuesto fallos estructurales en la seguridad pública, la procuración de justicia y los derechos humanos, además de ser un símbolo de impunidad. Pese a las investigaciones realizadas por dos gobiernos federales y organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el paradero de los jóvenes sigue siendo desconocido.
El caso Ayotzinapa trascendió los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y es una de las asignaturas pendientes para Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia en cinco días. Mientras tanto, los padres de los normalistas continúan esperando respuestas.
