El pleno de la Cámara de Diputados, como Jurado de Procedencia, avaló el dictamen de la Sección Instructora que declara la procedencia de desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, así como asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza.
El desafuero fue aprobado por 230 votos en favor de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo; 22 en contra de Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones del PAN, PRI y PRD.
Dicha resolución se remitirá al Congreso de Morelos, para que ponga a disposición del Ministerio Público al fiscal general del estado, para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN
El proceso de desafuero contra el fiscal inició desde el año 2020, cuando la FGR pidió retirarle la inmunidad para proceder en su contra por presuntamente asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza; sin embargo, la Cámara de Diputados determinó en 2021 que el fiscal no tenía fuero y, en consecuencia, se podía sujetar a proceso penal.
Tras esa resolución, el Congreso de Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, bajo el argumento de que Carmona Gándara goza de fuero constitucional, y los ministros les dieron la razón. Por lo anterior, se le ordenó a la Cámara baja reiniciar el proceso, el cual revivió el pasado mes de octubre.
En la fase de alegatos del Juicio de Procedencia realizado hoy, Juan Gabriel Hernández Morales, agente del Ministerio Público de la Federación, acompañado de Emiliano Villa Caballero, fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la FGR, refirió que en 2018, cuando fue designado como fiscal general de Morelos, Uriel Carmona no tenía vigentes sus exámenes de control de confianza.
Detalló que cuando asumió el cargo, el 15 de febrero de 2018, no contaba con la certificación para desempeñar el cargo; y designó a varios funcionarios de la Fiscalía General de Morelos que tampoco contaban con los exámenes de control de confianza.
“Estos hechos, señores y señoras diputadas, son constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en el Código Penal Federal”, expresó en la tribuna de la Cámara de Diputados.
