Congreso de EUA aprueba recortes por 9 mil millones de dólares a ayuda exterior y medios públicos

El Congreso de Estados Unidos aprobó este viernes un paquete de recortes presupuestarios por 9 mil millones de dólares, propuesto por el presidente Donald Trump, que impacta directamente en programas de ayuda exterior y radiodifusión pública. La medida, impulsada por el Partido Republicano, fue presentada como parte de una estrategia para reducir el gasto federal y mejorar la eficiencia del gobierno.

El plan contempla recortes a programas de cooperación internacional, asistencia humanitaria para países en guerra o afectados por desastres naturales, así como a proyectos de salud global. Además, elimina 1,100 millones de dólares destinados a medios públicos para los próximos dos años, lo que pone en riesgo la continuidad de contenidos educativos y culturales financiados por el Estado.

“Hoy cumplimos una vez más la promesa de responsabilidad fiscal”, declaró Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, al destacar que la medida refleja el compromiso republicano con el control del gasto y la eficiencia administrativa.

El recorte aprobado forma parte de un objetivo más amplio delineado por la comisión DOGE (siglas en inglés de Grupo para la Eficiencia del Gasto), que fue presidida hasta mayo por el empresario Elon Musk. Durante su gestión, Musk prometió encontrar formas de ahorrar más de un billón de dólares anualmente en el presupuesto federal. Aunque ya no encabeza el grupo, sus propuestas continúan influyendo en las decisiones legislativas.

La aprobación de este paquete se da en contraste con una reciente ley presupuestaria impulsada por los mismos republicanos que, según cálculos de analistas, aumentará la deuda pública en más de 3 billones de dólares. A pesar de esta contradicción, los líderes del partido sostienen que los recortes son parte de una estrategia de largo plazo.

Hasta el momento, el gobierno no ha detallado cómo se redistribuirán los recursos eliminados ni qué agencias absorberán las funciones de los programas afectados, lo que genera incertidumbre sobre su impacto en comunidades vulnerables dentro y fuera del país.