Pese al control militar en las aduanas, grupos delictivos imponen “impuestos” adicionales a empresas que ya han pagado sus gravámenes legales. En aduanas como las de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez, estos criminales extorsionan con tarifas que van desde los 100 hasta los 2 mil dólares, afectando a maquiladoras, transportistas y agentes aduanales.
El catálogo de extorsión, que ha crecido a 215 productos, incluye vehículos, maquinaria agrícola, acero y madera. Empresarios denuncian que los extorsionadores usan información de las bases de datos de las aduanas para identificar a sus víctimas y exigir pagos.
A pesar de no cobrar a hidrocarburos importados ilegalmente, este modus operandi afecta gravemente al sector empresarial, y los intentos de evadir la extorsión solo han llevado a una mayor presión por parte de los criminales.
