Desecha TJA cinco denuncias por nepotismo contra su presidenta Ethel Maldonado

La Comisión Investigadora del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) desechó cinco denuncias por presunto nepotismo presentadas contra su presidenta, Ethel Maldonado Guerra, al determinar que carece de facultades para investigar y sancionar a magistrados del organismo. La resolución, emitida el pasado 25 de febrero, no entró al análisis de fondo de las acusaciones y concluyó: “Se desecha por incompetencia material de la comisión”.

Las denuncias estaban relacionadas con la contratación de Érick Zavala Hernández, hijastro de Maldonado, así como de Karen Aidé Montoya Ramírez, pareja de éste. La Comisión, encabezada por el magistrado José Mercedes Hernández Díaz, argumentó que los artículos 197 al 204 de la Constitución de Nuevo León establecen mecanismos específicos para fincar responsabilidades políticas y administrativas a los magistrados, circunstancia que, sostuvo, impide al órgano interno investigarlos.

El organismo también señaló que las contrataciones y nombramientos dentro de la Sala Superior corresponden al órgano colegiado y no exclusivamente a su presidenta. Sin embargo, antecedentes del propio procedimiento legislativo establecen que Maldonado propuso en diciembre de 2021 el nombramiento de Zavala Hernández como secretario de Estudio y Cuenta y su posterior adscripción a su ponencia. También quedó documentada la contratación de Montoya Ramírez en 2022.

El caso suma otro elemento de controversia debido a que, días después de desecharse las denuncias, Hernández Díaz se ausentó durante casi cuatro meses de sus funciones. De acuerdo con la documentación del caso, el presidente de la Comisión Investigadora viajó a Barcelona entre el 4 de marzo y el 19 de junio para realizar un curso, con goce de sueldo y autorización del propio TJA.

Las acusaciones contra Maldonado no son nuevas. En 2023, el Congreso de Nuevo León determinó que existían elementos suficientes para declarar procedente la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción y permitir que se actuara penalmente en su contra por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. El procedimiento, sin embargo, ha enfrentado recursos de amparo promovidos por la magistrada. La declaración de procedencia del Congreso no implicó una determinación sobre su culpabilidad.