La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este jueves en Veracruz al exsecretario de Seguridad de Puebla Adolfo Karam, acusado de participar en el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho. Un tribunal de Quintana Roo ordenó en abril de 2019 la detención de los posibles autores intelectuales de los hechos, una calificación que la Fiscalía ha repetido ahora con el exsecretario. La informadora publicó en 2005 el libro Los demonios del Edén, en el que destapaba una red de pornografía infantil que implicaba a empresarios y políticos de todo el país. El 16 de diciembre de ese mismo año, Cacho fue secuestrada en Cancún durante 48 horas, en las que sufrió torturas y amenazas de muerte.
Han pasado casi 18 años desde lo ocurrido. La Fiscalía ha señalado que ahora cuentan con las pruebas suficientes como para acreditar su presunta responsabilidad en las torturas. Y ha apuntado que el exsecretario pudo participar en una “estructura organizada de poder” dentro del Ejecutivo poblano, con la finalidad de afectar a la dignidad de la periodista con motivo de la publicación de su libro. Karam será juzgado en Quintana Roo por la Justicia federal. La experiencia vivida por la periodista fue llevada al papel, en su libro Memorias de una infamia (2007).
La periodista ha compartido a través de sus redes que continuará con su lucha contra la violencia ejercida por los trabajadores públicos: “Sigo diciendo que hay que encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños”. Y también ha recordado los sucesos de 2005: “Fui torturada por ello e intentaron eliminarme, y creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante. Y seguimos adelante”.
Adolfo Karam trabajó como secretario de Seguridad de Puebla durante el Gobierno de Mario Marín (2005-2011). En los años siguientes, también ejerció como diputado suplente en el Congreso (entre 2012 y 2015), ocupando el cargo del priista Javier López Zavala. En abril de 2019, la Justicia ordenó la detención de los posibles autores.
Un grupo de policías fue el encargado de detener arbitrariamente a Cacho aquel 16 de diciembre de 2005. La periodista fue trasladada en el vehículo hasta la ciudad de Puebla, en un viaje en el que también sufrió las torturas. En su libro, mencionó a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables del caso de trata, pero también habló de los políticos Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes entre otros poderosos como integrantes de la red.
Nueve años después del secuestro, en 2014, la organización Artículo 19 y la periodista presentaron una petición al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el caso ante la inactividad del Estado mexicano. Dos meses después de presentar la solicitud, la FGR ejerció acción penal contra dos policías judiciales del Estado de Puebla, que perpetraron directamente la tortura por órdenes de sus superiores.
