La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 362 votos a favor y 133 en contra, la reforma constitucional que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La medida otorga fuero militar a los miembros de la Guardia y permite que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea apoyen en tareas de seguridad pública.
Diputados de la oposición criticaron la reforma al considerarla un paso hacia la militarización de la seguridad pública, señalando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional una medida similar en 2022. La diputada Blanca Leticia Gutiérrez (PAN) advirtió que esta iniciativa contraviene la naturaleza civil de la Guardia Nacional y podría incrementar las violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, el diputado Gustavo de Hoyos (MC) sostuvo que la reforma vulnera los principios de subordinación civil que establece la Constitución y los tratados internacionales, destacando que las fuerzas armadas deberían tener una participación extraordinaria y regulada en temas de seguridad pública.
En contraste, Dolores Padierna (Morena) defendió la reforma, asegurando que la transferencia busca fortalecer la Guardia Nacional y mantener la disciplina militar sin debilitar su carácter de protección civil. Afirmó que la Sedena evitará la corrupción que afectaba a la extinta Policía Federal.
Finalmente, tras ocho horas de discusión, el dictamen fue aprobado en lo general, y comenzó la revisión de 433 reservas al documento, cuyo aval definitivo se prevé en las próximas horas.
