La justicia no llega al cumplirse este miércoles seis meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro migratorio en Ciudad Juárez, donde activistas denuncian que persiste la impunidad pese a que otros países consideran el hecho “un crimen de Estado”.
A medio año del fuego en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), todavía hay decenas de zapatos quemados en el sitio, ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos.
El lugar donde murieron las cuatro decenas de migrantes y otros 27 resultaron heridos aún permanece lúgubre. Las paredes todavía tienen manos de hollín pintadas, huellas de quienes salieron con vida y las ventanas ahumadas.
Los migrantes permanecían encerrados a unos metros de la frontera con Texas, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a unos metros del puente internacional Paso del Norte.
Humanistas señalaron este miércoles que, aunque el Gobierno autorizó indemnizaciones a las familias de las víctimas por 140 millones de pesos (unos 8 millones de dólares), no se ha hecho justicia.
Y advirtieron que la situación es cada vez peor para quienes llegan en la nueva ola migratoria porque ahora desconfían hasta de los albergues, pues temen fallecer quemados.
Ernesto Vasconcello, abogado migratorio que vivió el caso de cerca, expresó que “ninguna indemnización es suficiente” cuando se trata de vidas y cuestionó el que Francisco Garduño, titular del INM, solo enfrente un cargo judicial.
