Operativo Enjambre sacude Puebla: detienen a alcalde y aseguran arsenal

El llamado Operativo Enjambre volvió a poner bajo la lupa a autoridades municipales, luego de que fuerzas federales detuvieran al presidente municipal de Esperanza, Isaac “N”, y a otras ocho personas señaladas por su presunta participación en una estructura criminal dedicada a delitos de alto impacto en Puebla. Entre los detenidos también se encuentran Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, identificado como hermano del alcalde.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el despliegue incluyó la ejecución de 23 órdenes de cateo en el municipio. El operativo permitió asegurar cinco armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores, 11 vehículos, cuatro unidades blindadas, un vehículo con blindaje artesanal y torreta, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

La magnitud de lo encontrado vuelve especialmente delicado el caso, pues entre los aseguramientos aparecen vehículos con distintos niveles de blindaje y equipo utilizado para operaciones tácticas. Sin embargo, las autoridades deberán acreditar ante los tribunales el vínculo de los detenidos con la organización investigada, ya que hasta este momento se trata de personas señaladas por su probable participación y no de responsables con una sentencia definitiva.

El operativo también alcanzó a Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, quien fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. García Harfuch calificó las acciones como un golpe contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de grupos criminales, además de reconocer la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. El caso ahora deberá avanzar en las instancias judiciales, donde se determinará la situación jurídica de los detenidos y si los indicios asegurados durante los cateos son suficientes para sostener las acusaciones planteadas por las autoridades federales.