Samuel presume resultados, pero pide otros 10 mil mdp: ¿más deuda para qué?

Aunque el gobernador Samuel García aseguró que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 nacional en incidencia de homicidios durante los últimos cinco años, planteó que el estado podría mejorar todavía más sus indicadores de seguridad si contara con mayores recursos, en medio de la discusión por el Presupuesto 2027 y la posibilidad de contratar nueva deuda.

Durante la mesa de seguridad, García atribuyó parte de la reducción delictiva a la estrategia implementada por su administración, pero al mismo tiempo responsabilizó al Congreso local por la falta de aprobación de los presupuestos que, afirmó, han limitado la capacidad del Estado para fortalecer a la Fiscalía y apoyar a los municipios. Bajo ese argumento, sostuvo que con mayor financiamiento Nuevo León podría colocarse entre las entidades con mejores resultados en seguridad.

El planteamiento abre una discusión sobre el peso que realmente tiene el presupuesto en los resultados de seguridad. Si bien una mayor inversión puede traducirse en más policías, equipamiento, inteligencia y capacidad operativa, la reducción de homicidios también depende de factores como la coordinación entre instituciones, las estrategias de investigación, la actuación de las fiscalías y las condiciones delictivas de cada región. Por ello, atribuir una eventual mejora únicamente a la disponibilidad de recursos resulta insuficiente.

La discusión presupuestal llega además con un componente financiero relevante. García adelantó que su administración analiza solicitar alrededor de 10 mil millones de pesos de deuda para 2027, aunque descartó utilizar el máximo de financiamiento permitido. El mandatario aseguró que busca cerrar su sexenio como el gobierno con menor contratación de deuda de los últimos años y sostuvo que la falta de presupuestos aprobados también ha limitado la posibilidad de recurrir a financiamiento.

El Gobierno estatal comenzará este miércoles las reuniones con los coordinadores de las bancadas para abordar el Presupuesto 2027, mientras que posteriormente prevé encuentros con los tres poderes, empresarios y organizaciones civiles. El reto será demostrar si el eventual endeudamiento se traducirá en una mejora tangible de la seguridad y otros servicios, o si la disputa presupuestal entre el Ejecutivo y el Congreso terminará convirtiéndose nuevamente en el principal argumento político de ambos bandos.