Sheinbaum promulga reforma que obliga a renunciar a otra nacionalidad para competir por la Presidencia o una gubernatura

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes busquen llegar a la Presidencia de México, encabezar una gubernatura o asumir la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El decreto llega después de que la modificación fuera avalada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, además de obtener la aprobación de las legislaturas estatales requerida para una reforma constitucional. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

Uno de los principales cambios establece que las personas que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos a alguno de estos cargos. La disposición no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble o múltiple nacionalidad; la restricción se concentra en quienes aspiren a ocupar los cargos ejecutivos señalados.

La nueva norma también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo. Quien llegue a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni solicitar protección diplomática extranjera.

La reforma no tendrá aplicación inmediata para las elecciones en curso, ya que sus disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. El Congreso de la Unión y las entidades federativas tendrán además un plazo de 90 días naturales, después de la entrada en vigor, para realizar las adecuaciones legales necesarias.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal con el objetivo de establecer de manera expresa el requisito de nacionalidad única para quienes ejerzan los principales cargos del Poder Ejecutivo federal y estatal. Con la firma del decreto, el proceso constitucional entra en su etapa de promulgación y publicación oficial.