TFJA confirma deuda de 6 mil 292 mdp de Nuevo León con el SAT

El Gobierno de Nuevo León enfrenta un crédito fiscal por 6 mil 292 millones de pesos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la validez de la deuda determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El monto corresponde a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, de acuerdo con la autoridad fiscal, el Gobierno estatal no habría entregado a la Federación. Con esta resolución, el tribunal desestimó los argumentos presentados por Nuevo León para impugnar el crédito.

El fallo ocurre después de que en junio los magistrados rechazaran un proyecto que proponía cancelar por completo la deuda. En aquella sesión quedaron sobre la mesa tres escenarios: anular el crédito, ordenar la reposición de una parte del procedimiento de fiscalización o confirmar la determinación del SAT.

Para esta nueva sesión, el magistrado Julián Olivas presentó un proyecto distinto al que había elaborado anteriormente y propuso reconocer la validez del crédito fiscal. La propuesta fue aprobada por unanimidad, con una intervención del presidente del TFJA, José Ramón Amieva, quien destacó la importancia de que la sentencia expusiera con claridad los argumentos jurídicos para sostener la resolución.

Uno de los principales argumentos del Gobierno estatal estaba relacionado con el procedimiento de fiscalización. Nuevo León sostenía que el SAT había emitido el acta final mientras permanecía en trámite un amparo promovido para controvertir la revisión. Sin embargo, el tribunal determinó que la autoridad fiscal podía continuar con el procedimiento, debido a que un juez federal había negado la suspensión solicitada y posteriormente el Estado desistió del amparo.

Aunque el TFJA confirmó el crédito, Nuevo León todavía puede recurrir la resolución mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito y, eventualmente, buscar que el asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución representa un nuevo revés para el Estado después de varios meses de litigio por el millonario adeudo.