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Ordenan a Noroña retirar contenidos por violencia política de género contra alcaldesa de Uruapan

La funcionaria subrayó que la libertad de expresión no ampara manifestaciones que constituyan violencia simbólica o busquen deslegitimar a una mujer en funciones públicas.

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La funcionaria subrayó que la libertad de expresión no ampara manifestaciones que constituyan violencia simbólica o busquen deslegitimar a una mujer en funciones públicas.

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña retirar contenidos de sus redes sociales y abstenerse de realizar actos de hostigamiento contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por un caso de presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. La medida fue dictada dentro de un Procedimiento Especial Sancionador promovido por la presidenta municipal y contempla la aplicación de medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del asunto.

De acuerdo con la Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, el órgano electoral instruyó al legislador a eliminar o modificar, en un plazo máximo de 24 horas, materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas o que podrían configurar violencia política de género. Asimismo, le ordenó abstenerse, por sí o por interpósita persona, de realizar cualquier acto de intimidación, molestia o descalificación que afecte el ejercicio del cargo de la alcaldesa. La funcionaria subrayó que la libertad de expresión no ampara manifestaciones que constituyan violencia simbólica o busquen deslegitimar a una mujer en funciones públicas.

El caso se da luego de que, en noviembre pasado, Fernández Noroña emitiera declaraciones en su podcast en las que cuestionó las aspiraciones políticas de Quiroz, semanas después de que ella asumiera la alcaldía tras el asesinato del edil Carlos Manzo. El Ayuntamiento expresó respaldo institucional a la presidenta municipal y sostuvo que ninguna investidura o fuero coloca a una persona por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia. La resolución del IEM coloca nuevamente en el debate público los límites entre la crítica política y la violencia de género en el ámbito institucional.

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