Propone Héctor de la Garza endurecer castigos contra extorsión y abuso de autoridad de servidores públicos

El diputado federal Héctor Alfonso De la Garza Villarreal presentó una iniciativa para reformar el artículo 220 del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar de forma más clara la extorsión y el abuso de autoridad por parte de servidores públicos. La propuesta fue turnada ante la Cámara de Diputados y busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que actos arbitrarios queden impunes cuando se utilizan como mecanismo de presión económica contra ciudadanos, transportistas y empresarios.

La iniciativa surge ante una problemática que, de acuerdo con el legislador, se ha vuelto sistemática: el uso del cargo público para exigir pagos indebidos mediante amenazas, revisiones irregulares o retención de bienes. Estas prácticas vulneran derechos constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica y el libre tránsito, y se presentan comúnmente en operativos de tránsito, uso de grúas y corralones, así como en inspecciones sin sustento legal. En muchos casos, estas acciones se disfrazan de procedimientos administrativos, lo que dificulta su sanción bajo la legislación actual.

El proyecto plantea adicionar nuevas fracciones para tipificar como delito el uso indebido de atribuciones para generar beneficios económicos o causar perjuicio, así como la retención ilegal de bienes o documentos con fines de presión. Con ello, se busca abarcar conductas como detenciones arbitrarias, cobros excesivos, revisiones ilegales y cualquier otra forma de extorsión encubierta bajo el ejercicio de la autoridad, brindando mayor protección a la ciudadanía en general.

Diversos organismos empresariales como Coparmex, Caintra, Canaco y agrupaciones de transportistas han respaldado la propuesta, al señalar que este tipo de prácticas afectan gravemente la actividad económica y el estado de derecho. El legislador afirmó que la iniciativa responde a años de denuncias en municipios como Juárez, Nuevo León, y enfatizó que el objetivo es garantizar que la ley se aplique con transparencia, evitando que el poder público sea utilizado como herramienta de extorsión.