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Poder Judicial de Nuevo León propone reforma constitucional para modernizar su estructura
Uno de los ejes centrales del proyecto es la protección de la carrera judicial, al establecer que quienes no resulten electos puedan reincorporarse al sistema, evitando la pérdida de perfiles con experiencia.
La presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de armonizar la legislación estatal con los cambios federales en materia judicial, además de atender temas internos como la estabilidad laboral y la profesionalización del personal. La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes tras varios meses de trabajo conjunto con el Consejo de la Judicatura.
Entre los principales planteamientos destaca la adopción de un modelo de elección de jueces y magistrados mediante listas o planillas, similar al esquema federal implementado en 2025. Asimismo, se propone que el Tribunal de Disciplina Judicial sea electo por voto directo y se homologuen los periodos de los cargos. La iniciativa también contempla mecanismos de continuidad en los tribunales, incluyendo esquemas de suplencia y lineamientos para la participación de juzgadores en procesos electorales sin que esto implique obligatoriedad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la protección de la carrera judicial, al establecer que quienes no resulten electos puedan reincorporarse al sistema, evitando la pérdida de perfiles con experiencia. Además, se busca elevar a rango constitucional la planeación estratégica del Poder Judicial, reforzar los filtros de ingreso mediante exámenes de idoneidad con participación de universidades y organismos civiles, y establecer capacitación obligatoria tras los procesos electorales.
La propuesta también incluye medidas para salvaguardar los derechos laborales del personal, como jubilación anticipada, reconocimiento de antigüedad y continuidad en servicios médicos. El documento mantiene la actual división de 14 distritos judiciales y fija un plazo de 120 días para adecuar cerca de 28 leyes secundarias. Actualmente, el Congreso analiza otras siete iniciativas en la materia, siendo esta la primera elaborada desde el propio Poder Judicial.
