EU investigaría a Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos criminales, revela reportaje

Un reportaje publicado por Puente News Collaborative y Los Angeles Times señala que el gobierno de Estados Unidos habría abierto investigaciones criminales contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.

La investigación, firmada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, asegura que Durazo, de 71 años, figura entre los funcionarios mexicanos de más alto perfil que actualmente estarían bajo la lupa de autoridades estadounidenses. De acuerdo con fuentes consultadas por los reporteros, al mandatario sonorense le habría sido cancelada su visa estadounidense durante el año pasado, mientras continúan las indagatorias en su contra.

El texto recuerda que Alfonso Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo desde el cual encabezó la estrategia federal de seguridad.

Según las fuentes citadas en la publicación, pese a la presunta cancelación de su visa, Durazo seguiría ingresando regularmente a territorio estadounidense para recibir atención médica. Esto sería posible mediante un mecanismo especial denominado Significant Public Benefit Parole (Permiso por Beneficio Público Significativo), una figura utilizada por autoridades estadounidenses en casos relacionados con investigaciones de seguridad pública o cooperación judicial.

De acuerdo con el reportaje, este esquema puede permitir que ciertos extranjeros colaboren con las autoridades estadounidenses, incluso mediante testimonios ante un gran jurado, a cambio de determinadas consideraciones legales. La oficina del gobernador de Sonora no habría respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por los periodistas.

En el sistema judicial de Estados Unidos, un gran jurado es un grupo de ciudadanos encargado de analizar las pruebas presentadas por los fiscales para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos penales de manera formal.

La publicación también menciona como antecedente el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien presuntamente habría sido acusado por un gran jurado en Nueva York, situación que, según el texto, derivó en una solicitud de extradición.

Asimismo, los autores reconocen que el periodista Luis Chaparro había reportado previamente información relacionada con la supuesta revocación de la visa de Durazo y la obtención de un permiso especial para ingresar a Estados Unidos.

Respecto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la investigación señala que las indagatorias estarían relacionadas con presuntas operaciones de huachicol o tráfico ilegal de combustibles. Las fuentes consultadas por los periodistas sostienen que Villarreal también contaría con un permiso parole similar y que, durante sus visitas a territorio estadounidense, sería acompañado por autoridades de ese país.

Sin embargo, el mandatario tamaulipeco rechazó los señalamientos durante declaraciones realizadas a los autores del reportaje y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una postura oficial pública que confirme las investigaciones señaladas en el reportaje. Tampoco se han presentado acusaciones formales en cortes estadounidenses contra los dos gobernadores mencionados.

La publicación ha generado reacciones en el ámbito político mexicano debido a que ambos mandatarios pertenecen a Morena y gobiernan dos entidades estratégicas para la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. Mientras tanto, las acusaciones continúan basándose en información atribuida a fuentes consultadas por los periodistas, por lo que se mantiene la expectativa sobre posibles pronunciamientos oficiales de las autoridades involucradas.