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Política

FGR investiga a Samuel García por presunto lavado y desvío millonario

Las investigaciones detallan al menos cuatro rutas financieras. En una de ellas, el Gobierno estatal habría pagado más de 964 millones de pesos a una empresa proveedora, que posteriormente transfirió más de 200 millones al despacho familiar.

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Las investigaciones detallan al menos cuatro rutas financieras. En una de ellas, el Gobierno estatal habría pagado más de 964 millones de pesos a una empresa proveedora, que posteriormente transfirió más de 200 millones al despacho familiar.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos mediante un despacho vinculado a su familia. De acuerdo con las indagatorias, la estructura financiera habría operado a través de la firma “Firma Jurídica y Fiscal S.C.”, utilizada presuntamente para captar recursos del erario estatal y canalizarlos a beneficiarios relacionados.

Según la información difundida por El Financiero, el esquema involucraría una red de empresas proveedoras que recibían pagos del Gobierno estatal y posteriormente transferían parte de esos recursos al despacho jurídico. En esta firma figuran como principales accionistas el padre del mandatario, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

Las investigaciones detallan al menos cuatro rutas financieras. En una de ellas, el Gobierno estatal habría pagado más de 964 millones de pesos a una empresa proveedora, que posteriormente transfirió más de 200 millones al despacho familiar. En otro caso, contratos por más de 243 millones derivaron en transferencias por más de 62 millones hacia la misma firma. Asimismo, se señala un esquema relacionado con el Instituto de Movilidad que implicó miles de millones de pesos y pagos que superarían los mil millones en conjunto hacia el despacho.

Un cuarto flujo involucra recursos de proyectos como el Acueducto El Cuchillo, donde empresas intermediarias habrían canalizado decenas de millones de pesos al mismo despacho. Las autoridades federales buscan determinar si estos movimientos constituyen un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos. Hasta el momento, el Gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones.

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