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Política

Sheinbaum alista filtro contra “narcocandidatos” rumbo a elecciones de 2027

La nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.

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La nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma electoral para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con el objetivo de detectar posibles vínculos entre aspirantes y la delincuencia organizada antes de las elecciones de 2027. La propuesta surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara presuntos nexos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con grupos criminales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la iniciativa ya formaba parte de las propuestas contempladas en el llamado “Plan A” de reforma electoral y aseguró que busca fortalecer la democracia y prevenir riesgos dentro de los partidos políticos. La Mandataria reconoció que en distintos estados han surgido casos de autoridades locales presuntamente relacionadas con el crimen organizado, por lo que consideró necesario crear mecanismos preventivos.

La nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. Entre las dependencias que participarían en las revisiones se encuentran la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.

La propuesta señala que los partidos podrían entregar voluntariamente listas de aspirantes para ser evaluados y las autoridades únicamente informarían si existe un “riesgo razonable” de vínculos criminales, sin revelar expedientes ni detalles de investigaciones. Aunque la Comisión emitiría recomendaciones, la decisión final sobre registrar o no a un candidato permanecería en manos de los partidos políticos.

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