“Sin pruebas, es un asunto político”, Sheinbaum fija postura ante orden de extradición contra Rubén Rocha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este jueves sobre la orden de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, al subrayar que su gobierno priorizará la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional. Durante su conferencia matutina, la mandataria advirtió que, de no existir pruebas claras que sustenten las acusaciones, el caso podría tratarse de un tema con tintes políticos.

Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya analiza la solicitud en coordinación con la Fiscalía especializada en asuntos internacionales, con el objetivo de determinar si existen elementos que acrediten la comisión de algún delito conforme a la legislación mexicana. En ese sentido, fue enfática al señalar que, si se presentan pruebas contundentes, las autoridades deberán proceder conforme a derecho dentro de la jurisdicción nacional. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.

No obstante, la presidenta también dejó claro que, en ausencia de evidencia sólida, las acusaciones provenientes del gobierno estadounidense podrían interpretarse como un intento de injerencia externa. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo de México”, sostuvo, al insistir en que su administración defenderá la soberanía nacional ante cualquier señalamiento sin sustento.

Por su parte, Rubén Rocha Moya reaccionó a través de sus redes sociales, donde rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, calificándolas como “calumnias” sin fundamento. El mandatario estatal aseguró que las imputaciones carecen de veracidad y que serán desmentidas en su momento con pruebas contundentes. Además, consideró que el señalamiento no solo es un ataque personal, sino también contra el movimiento político de la llamada Cuarta Transformación y sus liderazgos.

El caso ha generado un nuevo frente de tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, mientras avanzan las investigaciones y se define si existen elementos jurídicos que sustenten la solicitud de extradición. Entretanto, el gobierno federal mantiene su postura de actuar conforme a la ley mexicana, sin ceder a presiones externas y garantizando el debido proceso en cada etapa del caso.